Han detenido a una joven en Campeche por abortar. Las leyes de ese estado no sólo prohíben el aborto sino que lo penan, como reacción a la ley del Distrito Federal de 2007, que sí lo permite libremente las primeras doce semanas. La provincia mexicana gobernada por el PRI y el PAN ve a la capital peor que Noé a Sodoma, y con las nuevas leyes que permiten el matrimonio entre homosexuales, ni te cuento. Una podría pensar simplemente que los carden, si no se llevaran por delante los derechos humanos.
Veinte años. Atolondrada. Y el novio, otro prenda, sin condón. Se queda embarazada y la amiga le dice que sabe de unas pastillas que le resuelven el problema. Las pastillas le provocan una hemorragia peligrosa. Al hospital. Y en el hospital, una trabajadora social la denuncia. Antes de haberle dado el alta, convaleciente aún y triste –un aborto, querido o no, es una pérdida extraña y una descarga hormonal que pone a la mujer patas arriba–, ya sabe que le pueden caer de uno a tres años de prisión.
Si las autoridades fueran tan eficientes a la hora de detener criminales. Y la gente tan pronta a denunciarlos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario